La historia de los pueblos es un organismo vivo, una piel que muda constantemente a medida que la ciencia arroja luz sobre los rincones que quedaron en sombra. Durante demasiado tiempo, hemos aceptado relatos fundacionales monolíticos, simplificaciones escolares que nos daban seguridad pero nos hurtaban la verdad completa. En el caso de nuestra lengua, ese relato oficial tuvo un arquitecto brillante: Manuel Sanchis Guarner. Su figura es, sin duda, un gigante en nuestra historia reciente; con su obra cumbre, «La llengua dels valencians» (1933), nos devolvió el orgullo colectivo, sacando nuestro idioma del barro dialectal para elevarlo a los estantes de la alta cultura universitaria. Sin embargo, incluso los gigantes tienen pies de barro. La revisión crítica moderna ha comenzado a iluminar las profundas grietas de la tesis oficialista que Guarner y la escuela de Ramón Menéndez Pidal defendieron: la teoría de la «tabula rasa», esa idea de que el valenciano fue un «regalo» traído íntegramente en las alforjas de los conquistadores, como si antes de Jaume I, aquí solo hubiera silencio.
El principal problema de esa teoría no es ideológico, es puramente matemático. Los números, sencillamente, no cuadran. Los registros históricos del Llibre del Repartiment cifran a los repobladores cristianos —catalanes en su mayoría, pero también un contingente aragonés nada despreciable— en un máximo de entre 9.000 y 11.000 personas durante la primera gran oleada. Pretender que este puñado de gente, dispersa en un territorio hostil, logró borrar del mapa el habla de más de 200.000 nativos hispano-romanos y musulmanes es un salto de fe que la sociolingüística moderna se resiste a dar. Las lenguas no se imponen por decreto. Aquí cobra fuerza imparable la tesis de la continuidad, defendida por filólogos como Leopoldo Peñarroja Torrejón: el pueblo hispano-romano nunca dejó de hablar su romance, un mozárabe valenciano rico y vivo que actuó como la verdadera cama sobre la que se acostó y transformó la lengua administrativa que trajeron los de fuera. No hubo una sustitución mágica; hubo una fusión lenta y determinante.
Es vital entender este matiz: el valenciano no nació biológicamente el día que Jaume I entró en Valencia, pero sí nació políticamente con él. Y hay que ser rigurosos: ese mismo día también nació políticamente el catalán. Antes de ese momento fundacional, lo que había eran hablas románicas dispersas. Fue la voluntad del Rey Conquistador la que elevó ese romance a lengua de Estado. Obras cumbre como el Llibre dels Fets, dictada por el propio monarca, o documentos jurídicos pioneros como el Códice de Benifazá (la Carta Pobla de 1233, primer texto legal íntegramente en nuestro idioma en el Reino), demuestran que la institucionalización fue un acto deliberado. Els Furs de 1261 no inventaron el habla, pero le dieron el pasaporte oficial, sellando una unidad legal que trascendía fronteras.
Sin embargo, ese pasaporte traía un problema envenenado: el nombre. Hemos pasado el último siglo atrapados en la trampa del gentilicio. A diferencia del «español», llamar al idioma común «catalán» es problemático porque utiliza el gentilicio de una parte para nombrar al todo. Para un valenciano o un balear, aceptar esa denominación se siente como una subordinación identitaria. Y aquí es donde deberíamos escuchar sugerencias cargadas de sentido común, como la que lanzó hace años el periodista Enric Juliana: si el nombre es la trampa que nos impide entendernos, tengamos la buena voluntad de buscar uno nuevo que nos satisfaga a todos. Si «catalán» hiere y «valenciano» se queda corto para otros, el problema no es la filología, es la convivencia. La solución requiere generosidad, no gramática.
Porque esa falta de generosidad nos ha costado carísima. El conflicto lingüístico no se ha librado solo en las cátedras, sino en los comedores de nuestras casas. Hemos convertido la lengua en una guerra civil incruenta pero profundamente dolorosa. Hermanos que dejan de hablarse, amigos de la infancia que se distancian, paellas familiares que acaban en gritos… La sociedad se ha fracturado en dos trincheras. En un lado, el pancatalanismo intelectual, galvanizado por Joan Fuster, quien vinculó la lengua a un proyecto político nacional (Països Catalans) que muchos sintieron como una amenaza. En el otro, la reacción visceral del blaverismo, que, atrincherado en las Normes de El Puig frente a las académicas Normes de Castelló, a menudo derivó en un aislacionismo cultural que negaba la evidencia científica. Hemos usado la cultura, que sirve para unir, como un cuchillo para separar.
Y en medio de este ruido, olvidamos a figuras que intentaron coser la herida desde la emoción, como Vicent Andrés Estellés. El poeta de Burjassot bajó la lengua de los atriles y la devolvió a la calle, al mercado y a la cama. Con su «Mural del País Valencià», demostró que el valenciano no necesitaba pedir permiso a Barcelona para ser universal.
Pero quizás lo más triste es que nos ha hecho olvidar la verdad más potente, la realidad histórica que podría curarlo todo:
No es que en Valencia hablemos catalán; es que en Cataluña hablan mucho más valenciano del que se imaginan.
Esa es la realidad. El estándar normativo actual, el que fijó Pompeu Fabra, tiene un corazón periférico. Cuando Fabra intentó depurar el idioma, se encontró con un catalán de Barcelona castellanizado y corrupto. Para limpiar el idioma, tuvo que mirar al sur y al mar, basándose en nuestros clásicos del Siglo de Oro (Ausiàs March, Joanot Martorell) y en las modalidades baleares. El «catalán correcto» de hoy bebe directamente de la fuente valenciana. No somos un apéndice; somos la madre nutricia de la norma moderna.
Y no estamos solos. Esta historia estaría coja sin las Islas Baleares. Las modalidades insulares —mallorquín, menorquín, ibicenco— no son satélites de nadie. La inmensa labor de Antoni Maria Alcover y Francesc de Borja Moll con el «Diccionari català-valencià-balear» prueba que esta lengua se construyó a tres bandas.
Es hora de una repudia total a la utilización política de la lengua. Basta ya. La lengua no pertenece a la Generalitat de Catalunya, ni al Gobierno de España, ni a la Generalitat Valenciana. Pertenece a la gente.
Hoy, instituciones como la Comisión Europea utilizan frecuentemente la fórmula «catalán/valenciano» (y a veces la inversa) en sus comunicaciones oficiales, reconociendo que la entidad del valenciano merece figurar en el nombre de la lengua. Aceptar que el valenciano tiene raíces profundas, que es el molde de la norma moderna y que su nombre es tan digno como cualquier otro, es la única vía para que hermanos y amigos dejen de pelearse en la sobremesa y empiecen, simplemente, a hablar.
Agustín Gómez 