El acoso silencioso

Hoy quiero hablar del acoso escolar. Sí, una de esas cosas que permanecen ocultas hasta que un caso consigue eco en los medios de comunicación masivos convencionales. Y ese ha sido el caso de la tristemente célebre Sandra, bética, sevillana.

El 14 de octubre de 2025 Sandra ya no pudo más. Decidió cortar por lo sano el bullying que padecía de mano de unas compañeras indolentes, faltonas y desagradables. La dirección del colegio decidió cambiarlas de clase. Esa fue la decisión del colegio de las Irlandesas del Loreto de Sevilla, un centro privado concertado que no vio necesario activar el protocolo antiacoso y antilítico en los organismos competentes. «Cosas de niños» decían. Resulta que según la Ley Orgánica 5/2000 del 12 de enero, un menor si tiene catorce años tiene responsabilidad penal sobre sus actos. Las agresoras de Sandra tenían catorce años cumplidos. Legalmente, ya no eran cosas de niños sino de individuos responsables penalmente. Sin embargo el centro educativo se erigió en juez y parte tomando la justicia por su mano y no dando curso a los protocolos existentes establecidos por la Administración.

Sandra es la cara más visible de esta lacra social porque sus progenitores, valientemente así lo han querido. Quieren que le demos visibilidad y que esto haga cambiar el sistema lo suficiente como que para los agresores dejen de ser impunes en centros educativos como lo son en la práctica en demasiados casos.

Muchas veces la persona agredida es la única receptora de medidas correctivas para tratar de paliar la situación. «No las mires», «no cuchichees», «dile a tus padres que no te recojan en la puerta», «no republiques en redes sociales cosas que les puedan sentar mal» mientras las personas agresoras campan a sus anchas, se siguen riendo, mostrando asco, aislando a la persona agredida de toda la clase y propagando infamias, calumnias y amenazas no sólo en el centro educativo sino en todo el entorno escolar circundante. A los agresores con pruebas irrefutables de ciberacoso como vídeos en redes sociales, chats creados ad hoc para difamar, etc. no se les expulsa ni piden disculpas en muchos casos, no vaya a ser que se traumaticen. Lo triste es que ocurre demasiadas veces en connivencia de los padres que defienden a sus vástagos e incluso se atreven a culpar a las personas agredidas de provocar.

Tenemos claro que el hecho de que una mujer sea violada nunca puede justificarse por una provocación. ¿Por qué no lo tenemos claro en situaciones de bullying? Porque voy a abrir otro melón, esto no ocurre sólo en los centros educativos.

De pequeño, en los tiempos de la legendaria Educación Secundaria Obligatoria (EGB), yo sufrí acoso, como muchos. Recuerdo especialmente lo ocurrido en 2º de EGB. En clase teníamos un compañero mucho más grande que nosotros, con cierta obesidad y mucho más alto: José Antonio. El tipo nos robaba el almuerzo aleatoriamente cada día a dos o tres de los más apocados de la clase. Nadie se encaraba con él. Nadie le afeaba la conducta excepto la señorita Doña Pura, que me parecía muy mayor por su look entre de madrasta de la Cenicienta y la señorita Rottenmeier. Ella le llamaba la atención cuando lo pillaba, pero en una clase ochentera de más de cuarenta niños era muy complicado pillarlo siempre. Ella nos decía que teníamos que defendernos pero cuando lo mirábamos mal nos inflaba a collejas o puñetazos en el hombro. Temíamos por nuestra integridad física. Teníamos miedo.

José Antonio tuvo la mala suerte de que me enyesaran el brazo derecho por un caída en la clase de Educación Física. Me rompí cúbito y radio. Y digo que tuvo mala suerte porque en la cola de una mañana del mes de mayo de 1987 decidió meter la mano en mi bolsa del almuerzo cuando estábamos haciendo cola para salir al recreo en la puerta de clase. Aquel día me armé de valor sabedor de que mi escayola suponía una ventaja competitiva, un arma blanca. No pudo reaccionar. le pegué en la cara, le partí la nariz y comenzó a sangrar y chillar como un cochino el día de San Martín.

Lo curioso de esta historia cien por cien verídica y autobiográfica de uno de los tantos episodios que sufrí durante mi infancia y adolescencia es que hoy José Antonio es un reputado profesional, con presencia en medios de comunicación, varios libros publicados y una eminencia en su sector. Me cuentan que el instituto ya nadie lo reconocía: afable, compañero de sus compañeros y educado. Quizá la violencia no es el camino pero una ostia a tiempo te endereza. José Antonio es, quizá, el ejemplo.

Recordemos que las amenazas, las injurias, las calumnias, las coacciones son actos típicos de hostigamiento que atentan contra la libertad y el honor. Son delito. Los menores con catorce años cumplidos son responsables de estos delitos ante la ley.

Recordemos también que según el Instituto Estadística (INE), en 2022 el total de menores de quince años que se suicidaron por acoso escolar fue de veintidós. No hay un plan nacional de prevención del suicidio. Tenemos el Programas de Bienestar Emocional y Convivencia que ejecutan con mejor o peor suerte las Comunidades Autónomas con un presupuesto global de 380 millones de euros de inversión máxima histórica en un año (no se detalla cual) del que no queda claro cuando dinero va destinado a la partida que nos ocupa. O la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia (LOPIVI) del que no se conoce presupuesto y mas parece un brindis al sol.

Y del suicidio en general ni hablamos, porque en España en 2023 se suicidaron 4.116 personas. Disponemos del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio (2025-2027) con una inyección de 56,83 millones de euros a los fondos ya destinados. ¿Pero que fondos son esos? Es imposible saberlo porque se remiten a cuestiones transversales como la educación o la sanidad. Sólo se cuenta con 56,83 millones de euros destinados ex profeso a la prevención.

Para muestra un botón, o varios. En España murieron en carretera durante el año 2024, según datos de la propia DGT, 1642 personas. La DGT tiene un presupuesto de 1.000 millones de euros, de los cuales 207 millones son directos para la prevención por más que la propia dirección general se dedica a prevenir. Si bajamos todos estos números a la realidad veremos que se invierten 126.053,59 euros por cada fallecido en accidente de tráfico frente 4.331,87 por cada persona fallecida por suicidio. No pongo datos sobre el suicidio de menores de 15 años por acoso escolar porque es imposible de calcular. No hay presupuesto claro, sólo transversal, compartido. Resultado: opacidad y acoso escolar impune.

No sólo hay que poner títulos grandilocuentes a declaraciones de intenciones institucionales en el BOE o en el DOGV o el de la comunidad autónoma que sea (porque no pasan de eso), hay que poner pasta sobre la mesa para acciones concretas, contar con profesionales especializados y velar por su cumplimiento. ¿A donde van nuestros impuestos? Cada día lo veo menos claro.

Cuando algún adolescente no puede más y decide acabar con su vida, nos lamentamos. O si un adolescente no puede más y decide acabar con quienes lo acosan y sus gregarios nos lamentamos porque la violencia nunca justifica violencia, obvio. Yo todavía recuerdo Columbine.

Ante un presunto acoso sexual lo primero que obtendrá el presunto acosador serán 72 horas en el calabozo de la Policía Nacional. ¿Por qué en el caso de adolescentes de catorce años no se toman medidas acordes a la situación? No una privación de libertad, pero sí una expulsión automática con carácter preventivo. De lo contrario obligamos a convivir a víctimas con acosadores.

En el acoso, escolar o de cualquier tipo, hacen falta medidas disciplinarias ejemplarizantes y expeditivas, valor por parte de las instituciones involucradas. Lo digo con conocimiento de causa. Me toca demasiado cerca el asunto.

Podría haber sido tu hija, o tu hijo. ¿Tú que hubieras hecho?